Como en una serie de televisión, Mauricio Macri parece tener debilidades por los teléfonos o al menos, por escuchas no autorizadas. Hasta antes de asumir como presidente de la Nación había llegado con esa denuncia en contra. Ahora el último viernes 29, la fiscalía federal lo imputó por presuntas maniobras de espionaje contra empresarios, funcionarios, artistas y dirigentes opositores durante su gobierno.

Entre un centenar de posibles espiados por el ex presidente de la Nación, se encuentran dos misioneros: el fallecido ex senador nacional por el Frente Renovador de la Concordia Social Salvador Cabral Arrechea y la actual diputada nacional por el Frente de Todos Cristina Brítez. En representación de Cabral Arrechea se preparan los herederos para presentarse como querellantes, acción judicial en la que también avanzará la legisladora nacional.


Es para acceder al expediente -según adelantaron a El Territorio- y conocer en qué aspectos de sus vidas privadas o políticas se estaba entrometiendo el jefe de Estado de manera ilegal, además de intentar conocer los motivos que llevaron a Macri y a sus colaboradores a pinchar los teléfonos o intervenir los correos electrónicos.


Según la denuncia, Macri no habría actuado solo; por tal razón también fue imputado el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, entre otros ex funcionarios. Serían los responsables de haber “espiados correos electrónicos de casi 100 personas, sin que mediara ninguna orden judicial”, según la denuncia presentada por la jefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño y ahora en manos del fiscal Jorge di Lello.


Si bien la titular de la AFI al presentar la denuncia pidió al fiscal la indagatoria de Macri, el proceso recién está en su primera fase de investigación.


En la larga lista de supuestos afectados figura Marcelo Tinelli, quien se despachó esta semana en las redes sociales y cuestionó al gobierno de Macri, al denunciar que “te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la Afip”, para concluir con “Sí, se puede”.


Por Cabral Arrechea


En representación de los herederos de Salvador Cabral Arrechea, se encuentra accionando legalmente la abogada Karina Aguirre, quien en diálogo con El Territorio resumió los pasos que analizan seguir, además de presentarse como querellantes.


Explicó que Cabral Arrechea “pudo haber sido objeto de espionaje por su innegable influencia política en la región, y de su militancia contra el neoliberalismo, las corporaciones, la derecha organizada y el avance de intereses externos sobre nuestra Nación”.



Planteo además que el ex senador misionero “tuvo una mirada muy crítica hacia el gobierno de Macri, al cual consideraba digno exponente de todo aquello que denostaba. Por eso no dudó en ponerse la campaña al hombro para encabezar en Misiones, junto a los que militamos en Causa Popular, para volver a tener un gobierno nacional y popular con Alberto Fernández como presidente”, añadió Aguirre.
Respecto de los pasos a seguir, adelantó que piensan interiorizarse de la denuncia presentada por la titular de la AFI, para acompañar a los familiares del ex senador fallecido, quienes evalúan intervenir como querellantes en la causa, contra quienes han sido imputados por el fiscal Di Lello: el ex presidente Macri, el titular de la AFI Arribas y demás funcionarios de esa gestión. “El objetivo es llegar a la verdad de los hechos, y sus responsables, para que, de probarse los mismos, se haga justicia para que Chin descanse en paz, ya que de estar vivo sería su desvelo”, añadió la abogada.


Explicó que en medio de esta comunicación recibieron llamadas “del doctor Luis María Cabral, ex juez federal; otros amigos y dirigentes políticos y sociales; para ponerse a disposición para seguir la denuncia penal realizada por la AFI y profundizar los alcances del espionaje ilegal investigado”.


Añadió que de probarse el espionaje, “no sería la primera vez que ocurre, en Misiones aún recordamos al espía Ciro James, contratado para trabajar en las escuchas telefónicas, gracias a los ‘oficios’ llegados desde Misiones”.


Para concluir añadió que “si Macri encomendó espiar a propios y extraños, es porque su espacio político no tiene que ver con convicciones sino con intereses económicos”.


Que se investigue


La diputada nacional de Misiones por el Frente de Todos Cristina Brítez también adelantó la decisión de ser querellante “para tener acceso al expediente, para ver qué dice el expediente y ver qué información tienen de nosotros”.


Respecto del hecho, sostuvo: “La verdad que no nos sorprende porque forma parte de la manera que se manejaba Mauricio Macri. No nos olvidemos que él asumió como presidente estando procesado justamente por escuchas ilegales”, añadió.


Entonces, recordó, “ya formaba parte de su forma de hacer política, después querer extorsionar o de alguna forma amedrentar a la oposición”.


Brítez considera que desde Cambiemos actuaron así, “porque nosotros no nos callábamos nada. Cuando se toca el poder real, el verdadero que es el económico con sus intereses y son poderosos, tratan de todas formas de intimidar y hacer callar”.


Planteó que ante lo que venía sucediendo en el país, era el momento de elegir “entre estar callados o hablar y, nosotros elegimos estar del lado de la mayoría, del lado de la gente, de los sectores que no tienen voz que son los más vulnerables que son los trabajadores”.
De comprobarse la denuncia consideró que sería “de una gravedad institucional importante. Por eso esperemos que se investigue hasta lo último y quienes tengan que ser investigados que den respuestas, que rindan explicaciones ante la ley”.


La diputada Brítez en esa línea dijo: “Confiamos en Cristina Caamaño y confiamos de la forma en que se está moviendo esta nueva AFI y responda quien tenga que responder”.


Concluyó que “es ilegal lo que hicieron que nos estén escuchando, viendo nuestros informes y mails, es grave”.


La denuncia anterior


El 29 de diciembre 2015, el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a Macri en la causa por escuchas ilegales telefónicas al considerar que las medidas producidas habían ratificado la ausencia de prueba de cargo contra el actual líder de Cambiemos. Entonces, la estrategia judicial de Macri fue argumentar que ignoraba las tareas de espionaje que realizaban Ciro James y su primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios. Pero la incorporación de Ciro James como empleado de la Ciudad fue la única que no figuró en el Boletín Oficial. Entonces se sumaban las escuchas realizadas a su cuñado, Daniel Leonardo. Planteó que fueron ordenadas por su padre a una empresa privada que subcontrató a Ciro James. Como consecuencia de esta causa, el Jurado de Enjuiciamiento terminó destituyendo a los entonces jueces misioneros Horacio Gallardo (quien falleció en septiembre de 2011) y José Luis Rey, acusados de incumplimiento de los deberes a su cargo, en el marco de esa causa por escuchas telefónicas irregulares y en la que investigaron a los ex funcionarios porteños Jorge “Fino” Palacios y Ciro James.
(El Territorio)