La adhesión a la Ley Nacional 27.447, de Trasplante de órganos, Tejidos y Células es una propuesta impulsada, a través de sendos proyectos, por el diputado Carlos Rovira -y otros legisladores- y por su par Ariel Pianesi.

Mediante la ley provincial aprobada se creó el Fondo Misionero de Trasplantes, destinado a universalizar la cobertura de acceso a prácticas de trasplante, para poder alcanzar a la población sin cobertura formal, en las diversas etapas previas, en las del trasplante propiamente dicho, y en las posteriores, tanto de órganos como de tejidos y células de origen humano.

El dinero necesario se asignará en el presupuesto anual de la Administración Pública provincial, y lo integrarán, además, los recursos provenientes de leyes y decretos, nacionales y provinciales, así como también por subsidios, subvenciones, aportes y donaciones.

Rovira explicó que el fondo creado, además, permitirá “fortalecer la capacidad del sistema provincial de salud para el desarrollo del proceso de donación y trasplante, dotando a los establecimientos médicos habilitados de los recursos financieros necesarios para la cobertura de costos relacionados al proceso trasplantológico, desarrollando la actividad con una visión regional y de vanguardia, y fomentando la investigación, promoción y concientización”.

En cuanto a la adhesión en sí, consideró que permitirá “el acceso a los más altos niveles de salud y calidad de vida de los misioneros”, que son “derechos fundamentales garantizados por el Estado Provincial”; y resaltó “la apuesta al avance en la salud pública”.

Pianesi, por su parte, manifestó que la temática “es de altísima sensibilidad y de esperanza”, teniendo en cuenta que las familias de los pacientes en espera de un donante “viven situaciones de angustia y dolor”, y aseguró que la nueva ley “busca darle alguna respuesta”.

Programa Provincial de Huertas Escolares

La otra ley aprobada se concretó por sendas iniciativas de los diputados Martín Sereno y Héctor Bárbaro, y de la ex legisladora Marta Ferreira, y pretende que las huertas sean consideradas un “recurso pedagógico” en las instituciones educativas de la provincia.

Para ello, se implementarían talleres de horticultura destinados a toda la comunidad educativa, con el fin de generar conciencia ambiental; promover la agricultura familiar; enseñar el derecho a la soberanía alimentaria y promover la educación económica a través de la agricultura.

También se establece que las escuelas tendrán que programar salidas recreativas a ferias francas y a huertas locales; y realizar capacitaciones a los referentes de las huertas escolares.

Para Ferreira, la “huerta escolar es un excelente recurso para convertir los centros educativos en lugares que posibiliten a un alumnado a múltiples experiencias acerca de su entorno natural y rural, entender las relaciones y dependencias que tenemos con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en educación ambiental”.

Sereno dijo que la ley “busca desarrollar capacidades, generar las herramientas y promover las prácticas que permitan concientizar sobre las distintas formas en que se puede construir un vínculo con la tierra y el lugar en que habitamos”.