El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) detecta aproximadamente unas 600 irregularidades por año, en los controles efectuados en viviendas de toda la provincia.

Estas comprenden desde personas que residen en el inmueble sin ser adjudicatarias hasta el abandono de las casas.

“Cotidianamente hacemos recorridas por los barrios porque tenemos justamente problemas por falta de pago y así detectamos a familias que están viviendo irregularmente”, señaló el presidente del Iprodha, Santiago Ros.

Aclaró que la mayoría de los casos registrados son aquellos en donde “fue adjudicada la familia A pero residen en la vivienda una familia B”.

Ros señaló que “en muchos de estos casos se le readjudica la propiedad al ocupante, ya que no se trata de usurpadores, sino de gente que está pagando un alquiler al adjudicatario original en negro”.

“Con esto queda demostrado que el adjudicatario original no demuestra interés por la casa, y si el que está viviendo se la merece se la adjudicamos”, enfatizó el funcionario provincial.

Otro de los motivos para una readjudicación es el abandono de la vivienda.

“Las denuncias por abandono no son frecuentes. Los problemas lo detectamos nosotros. Recibimos como muchas 10 o 20 por año, y hemos constatado que en la mayoría de los casos se basan en preconceptos, problemas entre los vecinos, o desconocimiento de las costumbres que tiene el vecino”.

Es que según apuntó, el adjudicatario puede justificar su ausencia cuando sea por “problemas laborales, de salud; o por horarios de trabajo que le ocupa gran parte del día, por ejemplo empleados bancarios que están desde las 9 hasta las 20”, ejemplificó Ros.

El titular del Instituto expresó que cuando reciben una denuncia por abandono de una vivienda, lo primero que hace el organismo “es constatar si el adjudicatario está al día con los pagos de las cuotas”.

“El principal indicador de que la vivienda está ocupada es el pago regular, por eso lo primero que hacemos es verificar que no haya ninguna mora. Si bien sabemos que tampoco eso es indicador de que esté viviendo el adjudicatario, es el primer filtro grueso que hacemos”, precisó Ros.

Procedimiento
Una vez que se detecta la irregularidad en la ocupación de la vivienda, el Iprodha procede a analizar la situación de la familia ocupante.

“Primero le quitamos la vivienda al adjudicatario original, porque ninguna vivienda se intrusa cuando está habitada, sino cuando se abandona o se alquila. En el 90 por ciento de los casos detectados la ocupación se produjo cuando se alquiló, entonces inmediatamente se anuló la adjudicación original”, sentenció el responsable del Instituto. Observó que estas situaciones se acentúan en poblaciones donde hay mucha movilidad.

“En general la problemática es en toda la provincia, pero donde más se acentúan es en aquellos donde hay una abrupta disminución de la actividad económica, lo que afecta a la movilidad población. Y la gente se retira porque desconoce que tiene la obligación de informarle al Instituto que deja la vivienda, esto más allá de que el día que se le adjudicó el inmueble este aceptó todas esas responsabilidades”, afirmó Ros y añadió que “los habitantes tienen la obligación de informar estas situaciones para evitar que cometamos errores”.

Según dijo “una de las localidades que más situaciones de irregularidad presenta es Candelaria”.

Ros remarcó que si hay una vivienda que está desocupada, “y si justo a esa zona no llegaron los inspectores” es difícil que puedan intervenir. “Es imposible que se lleven adelante acciones, si no se realiza la correspondiente denuncia”, enfatizó el presidente.