Los visitantes plantearon a Herrera Ahuad su enérgico rechazo al programa que el Gobierno nacional inició y que prevé sembrar maíz de alto rendimiento en 250 mil hectáreas, según se desprende de un documento del entonces Ministerio de Agroindustria nacional. Creen que este plan causará daños sociales, económicos y ambientales.

Lo más polémico del maíz transgénico es el paquete tecnológico que se necesita para cultivarlo y la dependencia que se genera año tras año para seguir produciendo.

En respuesta, el vicegobernador expresó el compromiso de apoyar el proyecto de ley y fortalecer la producción de semillas criollas y nativas, para lo cual puso a disposición todas las herramientas gubernamentales, especialmente las ligadas a la Secretaría de Agricultura Familiar y la Biofábrica.

“Siempre estuvo el compromiso de trabajar en conjunto; vengo del trabajo de consenso y creo que Misiones es una provincia que debe crecer defendiendo su naturaleza y cultivando responsablemente”, dijo Herrera Ahuad. “Vengo de la salud y quiero un pueblo sano”, garantizó.

Participaron Mariana Mampaey, médica rural y pionera en medicina antroposófica; los productores agroecológicos Miriam Zamudio de Piray; Eugenio Leste de Pozo Azul; Ernesto Rodríguez de Comunidad Campesina por el Trabajo Agrario de San Pedro; Juan Daddario, del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, y Eduardo Vázquez de Cooperativa Parajes Unidos de Puerto Libertad. También el abogado Martín Ferroni, el dirigente ambiental Rulo Bregagnolo, el referente en educación y agroecología Raúl Aramendy y la periodista Cristina Besold, todos del Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera. Además estuvieron presentes Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar, y el ingeniero José Cabral y Carlos Galián, presidente y gerente, respectivamente de la Biofábrica.



Detalles del proyecto del Ley

El proyecto se denomina Ley de Reparación Histórica, Tutela y Promoción de Uso de las Semillas Nativas y Criollas. Establece “garantizar el derecho de todas las personas a definir e implementar libremente sus estrategias y modos de obtención, producción, investigación, innovación, almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas nativas y criollas” porque de esta forma se asegurará la “soberanía alimentaria, sanitaria, tecnológica, justicia ambiental y desarrollo agroalimentario”.

En esa línea, se impulsa “declarar de interés público las semillas nativas y criollas, las semillas elaboradas, generadas y/o mejoradas con saberes populares, los cultivares tradicionales, y los conocimientos asociados a los mencionados”.

La propuesta hace hincapié en el derecho de los habitantes al “uso propio gratuito de las semillas de su cosecha, sin restricción de ningún tipo en el ámbito de todo el territorio provincial”, y en el derecho humano colectivo de los pueblos campesinos e indígenas de “decidir sobre sus estrategias y modos de conservarlas y comercializarlas” y de “participar de cualquier asunto que los afecte directa o indirectamente”.
(PRIMERA EDICION)