Argentina está en la puerta de un escándalo judicial de escala continental luego de la presentación judicial de una organización civil de La Plata que enumeró una serie de presuntas coacciones al Poder Judicial en el país, y entre ellas figuran casos resonantes en la capital de la provincia de Buenos Aires. La Asociación Civil Ajus La Plata, Berisso y Ensenada (Ajus LP) elevó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe con 13 casos de posibles interferencias del Poder Ejecutivo nacional sobre distintas instancias del Poder Judicial en el fuero Federal y en el ámbito de la justicia ordinaria bonaerense, con un caso puntual en el Departamento Judicial de La Plata.


En la extensa presentación Ajus LP hizo un barrido de casos polémicos que involucró a diversos actores del servicio de justicia. El informe fue analizado por Diego García Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. En su dictamen el funcionario de la ONU le expresó al canciller argentino Jorge Faurie sus “preocupaciones” ya que considera que “las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.


Tras una denuncia de AJUS LPBE por violación a la independencia de la Justicia las Naciones Unidas intimaron a @mauriciomacri a que envíe información respecto de los casos expuestos.


La ONG Ajus LP formalizó una denuncia en la ONU donde expone trece casos que ilustran el riesgo del Estado de Derecho y el propio sistema democrático en Argentina. Lo hizo junto a organizaciones de Derechos Humanos de Argentina quienes adhirieron a la presentación.


La presentación analiza hechos concretos que constituyen un plan sistemático y estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial y que involucran a los poderes políticos y económicos, en connivencia con las empresas hegemónicas de medios de comunicación.


Emanuel Desojo, titular de Ajus LP expresó que el dictamen de la ONU “nos deja satisfechos que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural".


Para el abogado se trata de un plan “sistemático del Ejecutivo para cooptar a la Corte Suprema, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial". Y aclaró que ese esquema de ataque coordinado es “para agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas”.


Entre los ejemplos que utilizaron desde la ONG para fundamentar su denuncia hay casos que ocurrieron en La Plata. Uno de ellos fue la designación “ilegal” del juez Juan Manuel Culotta en el Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. El magistrado cumplía funciones en un juzgado de Tres de Febrero pero gracias a su amistad personal con Mauricio Macri quedó temporalmente al frente del poderoso juzgado electoral en La Plata, pero al tiempo renunció y ese cargo sigue vacante.



Otro de los puntos que se señala en la denuncia es el “ataque” al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla que investiga una red de espionaje ilegal que estaría compuesta por periodistas de renombre nacional, falsos abogados, fiscales, jueces y funcionarios del gobierno nacional. El magistrado tiene un fuerte vínculo con la ciudad de La Plata. Fue abogado de Isabel Chorobick “Chicha” Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo; participó en audiencia de Juicios por la Verdad en La Plata. En su rol de juez acudió a la asistencia de la Comisión Provincial por la Memoria para que dictamine en la causa que investiga por “espionaje ilegal”. Además figura primero en el Orden de Mérito (fue el mejor calificado en la etapa evaluatoria) para ser designado al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata.



Otro de los ejemplos utilizados para sostener el planteo es el juicio político y destitución del ex juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, quien fue desplazado del cargo luego de, temporalmente, frenar judicialmente los tarifazos de luz en provincia de Buenos Aires y dictaminar en favor de los docentes ante conflictos salariales y gremiales con el gobierno de María Eugenia Vidal, entre otras sentencias que protegieron los derechos de los sectores más vulnerables.


Tras analizar la presentación desde la ONU aceptaron el planteo y le dieron al gobierno argentino un plazo de 60 días para que aporten información sobre todos los casos denunciados.