Con este concepto, explicó el titular del área Notarial del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) Marcelo Castro, el marco de situación que sustentó la puesta en marcha para la sociedad misionera de un programa de colaboración y mediación en la solución de la ocupación irregular de tierras del dominio privado de particulares, sean éstas urbanas, suburbanas o extensiones rurales.
Para ello, el IPRODHA media entre los titulares dominiales y los ocupantes, para lograr un precio que satisfaga a ambas partes y así evitar dilatadas y costosas tramitaciones judiciales.
“En tal sentido, el Instituto colabora con la contratación de la mensura con fraccionamiento, que es un costo muy alto hoy en día; también con el relevamiento del estado ocupacional y del grupo familiar. Una vez completados estos pasos, da lugar a otorgar el boleto de compraventa entre ambas partes y así asegurar de que el titular dominial obtenga la retribución monetaria convenida. Y al ocupante darle la posibilidad de adquirir en forma financiada su terreno, para poder lograr – una vez abonada las cuotas pactadas- el ansiado título de propiedad de su lote/vivienda/chacra” explicó el escribano Castro.
Mediante este proceso el IPRODHA ya ha acercado soluciones a asentamientos, uno de ellos es el de la Chacra 252, de la ciudad de Posadas, lo que permitirá a los ocupantes de los terrenos involucrados–una vez canceladas las cuotas fijadas en común acuerdo- hacerse acreedores de su título y ser dueños del territorio que ocupan. “En resumen, la finalidad última es dotar al ocupante de la mentada seguridad jurídica entendida como garantía máxima del efectivo goce y ejercicio, que solamente se logra a través del titulo del inmueble que efectivamente es ocupado por la familia” precisó Castro.
Cabe destacar, que otra disposición prevista para la funcionalidad del programa, está destinada a los titulares dominiales que pretendan acogerse a este plan, a los que el Instituto les cubrirá la cancelación de la deuda con el fisco (lo que es necesario para todas las tramitaciones de relevamiento y mensura), cuya devolución al Estado será financiado en un plazo prudencial, a efectos de viabilizar toda la operatoria.